La Ley de Morosidad, entrada en vigencia en el año 2010, es una ley que acorta los pagos que deben realizarse entre empresas y proveedores y entre clientes y sus correspondientes acreedores.
En este sentido, las empresas poseen hasta 60 días para pagarle lo que corresponde a sus proveedores, mientras que las administraciones públicas tienen hasta 30 días para hacer lo suyo.
La normativa, emitida el 7 de julio de 2010 y vigente hasta 2013, permite a los ayuntamientos y dependencias oficiales acceder a una línea de crédito otorgada por el Instituto de Crédito Oficial, la cual está pensada para que estos puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos, reduciendo así las penalizaciones por intereses y devolviéndole dinero al Estado a menores tasas y con condiciones más favorables para su economía local.
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