Los “grandes señores” quieren frenar un cambio en la ley del desahucio

La mayor parte de los españoles cuando van a hacer una hipoteca (o han ido) no saben que la legislación en caso de impago porque las cosas les vayan mal es de hace más de cien años. Curioso a la vez que dramático, sobre todo porque nadie te advierte cuando vas al banco a endeudarte para tener una casa que, en caso de ejecución hipotecaria contra tí o contra los tuyos que te han avalado, la norma que rige en España restringe sobremanera tus derechos y le otorga al banco un poder muy amplio para poder cobrarse con preferencia y con todo lo que tengas. Tanto es así, que media docena de jueces señalaban la semana pasada que tiene más poder de coacción un banco al ejecutar una hipoteca y promover un desahucio, que los propios jueces al ejecutar una sentencia firme.

La dación en pago, es decir, que el banco se quede con tu casa a cambio de quitarte la deuda hipotecaria, sólo es posible en España si se ha pactado y figura en el contrato, cosa que no ocurre casi nunca. Para qué va a recomendarte un vendedor de hipotecas que lo pongas, si en caso de que vengan mal dadas la entidad tiene todas las de ganar, y no solo se puede quedar con tu casa, sino valorarla en el 60% del valor de tasación y que, después de quedarte sin negocio y sin hogar, sigas debiendo dinero. Es decir, la ruina total y un drama familiar que resquebraja una sociedad si no se frena su generalización. Pues bien, esos dramas crecen en 2012 a un ritmo del 20% y acumulan, en lo que va de año, más de 350.000 casos.

Y cuando seis jueces, de forma casi altruista, se han puesto a proponer una revisión, o negociación, o debate, o análisis del tema, a la vista de que las familias se rompen por causa de los desahucios que ellos mismos deben decretar presionados por los bancos, la casta financiera tira de los amarres políticos de turno y les cuesta una reprimenda incluso de su Consejo General del Poder Judicial. Políticos que apelan a una división de poderes que no respetan, grandes hombres de las finanzas que no quieren compartir ayudas públicas y jueces de alto nivel que apuestan más por lo malo conocido, que por lo bueno por conocer.

El anexo de apenas ocho folios que plantea la cuestión en el documento de reforma de los procesos civiles que esos seis jueces (casi héroes sociales) es una de las reflexiones jurídicas más sensatas que se han realizado para intentar que los paganinis de la crisis no mueran de inanición. El rechazoq ue ha recibido de la alta clase política, judicial y financiera desmorona la moral de una sociedad asfixiada, que está en la calle cada día y que va a acabar mal.

En el documento no se habla de imposiciones, sino de debate. Dentro de las más de veinte medidas, más o menos técnicas desde el punto de vista jurídico, plantea“la modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria, privilegio procesal de los bancos para una tutela judicial reforzada, que surgió a principios del siglo pasado en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis actual, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u oponer, por lo que se propone reconducirla ejecución hipotecaria a las normas generales de la ejecución ordinaria,como sucede con cualquier otro crédito que conste documentado en escritura pública, pues de este modo, al menos, el deudor dispondría de un catálogo de motivos de oposición a la ejecución (pago, nulidad de la ejecución, prescripción,etc…)”. ¿A quién le puede alarmar un planteamiento tan lógico, después de ver los dramas sociales que surgen cada día por culpa de los desahucios?

Nada se impone en ese planteamiento, todo se debe analizar. Sólo se beneficiarían los casos de buena fe o de exclusión social, no los de quienes han abusado de la situación de forma torticera. Claro, eso pasa por “la atribución de facultades al Juez para que pueda acordar moratorias dejando transitoriamente en suspenso el pago de las cuotas hipotecarias en caso de que concurran circunstancias excepcionales, en términos similares a los que prevé el art.11 de la Ley28/1998 de 13 de julio reguladora de la venta a plazos”. ¡Tienen más opciones y ventajas quienes se endeuden con la venta a plazos y no lo puedan pagar, que quienes lo hagan con una hipoteca, que es la decisión más importante de su vida, y que no deja de ser una compra a plazos de una casa!

Ni jueces, ni bancos ni políticos con poder de decisión van a poder evitar este debate social. Somos humanos, supongo. Como dicen los propios autores del informe, “en fin, podrán compartirse o no las medidas propuestas. A buen seguros se considerarán muchas de ellas improcedentes, inviables o incluso descabelladas. Pero lo que no puede negarse es que es preciso que se inicie un debate jurídico serio(el debate social ya existe)y se plantee una revisión del régimen legal y procesal de ejecución de los préstamos hipotecarios, ya que el número de lanzamientos o desahucios derivados de la ejecución de hipotecas puede considerarse como un auténtico drama social”.

Foto: CCMarc Sardon

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