Uno de los efectos más claros de la reforma laboral aprobada el pasado mes de abril ha resultado evidente: en cinco meses, se han dado en España más de 160.000 despidos objetivos por razones económicas, más fáciles de justificar que antes, con una indemnización de 20 días por año trabajado. El despido barato de la reforma ha funcionado y muchas empresas, con ERE o sin él, lo han utilizado para descargar de gastos su perjudicado balance y mejorar en lo posible la cuenta de resultados.
Hasta ahí podemos entender una parte de la reforma laboral, siempre que se haga con las condiciones de legalidad y justicia pertinentes. Es decir, siempre que la posibilidad de despedir porque se haya tenido menos facturación durante unos meses, no sea utilizada por los empresarios “menos buenos” para aumentar su beneficio, a costa de la ruina de quienes trabajan para él. Ahí es donde parece que han entrado los jueces en las sentencias sobre EREs que acaban de publicarse y que parecen poner un poco de orden entre tanta catarsis laboral. Como mero aficionado al Derecho, se me ocurren varios principios generales que reinan desde hace siglos en España, que deben servir para poner coto a los posibles desmanes que se realicen en virtud de una norma jurídica. Uno de ellos, el de la proporcionalidad, dice que una ley no puede ponerse en marcha para paliar un mal menor que el que va a provocar su aplicación. Y otro de ellos, igual de trascendente para que no se rompa el orden democrático y constitucional de nuestro país, dice que una norma no puede aplicarse en los supuestos para los que no ha sido pensada, que es lo que fundamenta el fraude o abuso de Ley.
Pues bien, si pensamos en los empresarios que intentan utilizar las enormes posibilidades que les ofrece la reforma laboral, para descargarse de una plantilla y mantener su nivel de lucro personal, o un poco menos, estaremos ante un mal uso de la norma. Para eso no fue pensada. De la misma manera que si se utiliza para quitar de en medio a unos trabajadores y sustituirlos por otros más baratos, o autónomos, que descarguen de gasto la empresa. Tampoco es esa la esencia de la reforma laboral. Menos mal que algunos jueces lo están dejando claro.
Si una empresa va realmente mal, se le cae la facturación de manera irremediable por al crisis que sea, o no puede aguantar la situación, el ERE o el despido objetivo barato puede ser la alternativa. De hecho lo es. Pero hay que aplicarlo con las garantías legales básicas cubiertas, no como remedio de mal gestor. El buen empresario no usa el ERE de cualquier manera. Antes negocia con todo lo que tiene alrededor, busca alternativas, intenta llegar a acuerdos con sus trabajadores y procura mantener la esencia de lo que es, un emprendedor capaz de arriesgar para ganar y para que la sociedad avance. Eso es un gran empresario, y ése, seguro que huye de los EREs, porque sabe que los Principios Generales del Derecho no se pueden obviar su queremos tener un futuro mejor para todos.
La reforma laboral es una norma dura y seria. Tal vez sea cierto que hacía falta en España una norma así, que llamase a cada cosa por su nombre y que aclarase todo lo necesario. Y tal vez sea cierto también, con nos dicen los “sabios” europeos, que si se hubiera aplicado antes, nos iría mejor. Pero quiero pensar que ese paso a mejores sea porque a medio y largo plazo es una reforma que debe servir para crear empleo, puestos de trabajo que no sean losas para los empresarios, pero también empresarios que no sean losas para los puestos de trabajo ni frenos para la aplicación justa de las normas.